La política nacional española atraviesa uno de sus momentos más convulsos en lo que va de legislatura. La dimisión de Santos Cerdán, hasta hace unos días secretario de Organización del PSOE, tras el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO), ha desatado una tormenta interna en el partido que amenaza con hacer tambalear los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez. Las reacciones no se han hecho esperar, y mientras el presidente se recluye para reflexionar sobre posibles salidas —sin contemplar, por ahora, la convocatoria de elecciones generales ni una cuestión de confianza—, desde diferentes federaciones y cargos intermedios del partido surgen voces cada vez más claras: hay que acudir a las urnas cuanto antes para evitar que la corrupción arrastre al PSOE en los comicios municipales y autonómicos de 2027.
Las voces socialistas que reclaman un adelanto electoral o una profunda renovación interna han ganado fuerza tras la dimisión de Santos Cerdán. El alcalde de Ames, Blas García, ha solicitado no solo elecciones antes de fin de año, sino también la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario para que la militancia decida el rumbo del partido. En la misma línea, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha calificado de “insostenible” la situación del PSOE y ha señalado directamente a Pedro Sánchez como “responsable último” del nombramiento de los cargos implicados, cuestionando su continuidad al frente del Gobierno y del partido. A estas posturas críticas se han sumado figuras como la senadora y expresidenta andaluza Susana Díaz, que tildó de “asqueroso e inaceptable” lo revelado por la UCO y pidió elecciones anticipadas, o el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, habitual disidente en la dirección del partido.
Sin embargo, la posición no es unánime. En A Mariña, con peso municipal significativo, los alcaldes socialistas muestran posturas diversas, que van desde la petición de serenidad y calma hasta una crítica abierta a quienes, según sostienen, están intentando derribar al Gobierno por vías judiciales y mediáticas.
El alcalde de Foz, Fran Cajoto, se pronuncia con contundencia contra el uso político del caso y pide evitar la confusión interesada entre corrupción y desestabilización institucional. “Estamos a vivir un ataque premeditado desde distintas instancias xudiciais para tentar derrubar o Goberno”, denuncia, señalando que el contexto exige serenidad, análisis riguroso y no caer en precipitaciones.
Para Cajoto, no es momento de adelantar elecciones, sino de reforzar la credibilidad institucional, distinguir responsabilidades y seguir apostando por un proyecto de país que —dice— ha traído avances sociales significativos. Llama a no perder de vista que “hai moita xente valiosa e honesta no Partido Socialista”, frente a un caso que, aunque grave, debe abordarse con firmeza, pero sin ceder al pánico político.
La alcaldesa de Burela, Carmela López, adopta un perfil institucional, sin entrar a valorar directamente si deben adelantarse o no las elecciones generales. “A decisión correspóndelle ao presidente do Goberno”, afirma, insistiendo en que su responsabilidad está en gobernar para los vecinos y rendir cuentas por su gestión local, independientemente del calendario estatal.
Su postura refleja una corriente pragmática dentro del municipalismo socialista: gobernar, hacer balance, y no enredarse en debates nacionales que desvían el foco de la política de proximidad.
Más escéptico ante un eventual adelanto se muestra Darío Campos, alcalde de A Pontenova. “Non se conseguiría unha maioría tampouco para ningún lado”, sostiene. Para él, el país está demasiado dividido como para pensar que unas nuevas elecciones aportarían estabilidad.
Campos expresa decepción con el escándalo, pero advierte que precipitarse podría "enredar máis a cousa" y no resolver el malestar de fondo. “Non sería recomendable convocar eleccións neste momento”, concluye, marcando distancia con quienes ven en el adelanto la única salida posible.
Por su parte, Rubén García, alcalde de Trabada, evita entrar de lleno en el debate nacional, aunque no oculta su descontento como ciudadano ante los escándalos. Su prioridad, dice, es “mellorar a calidade de vida dos veciños”, y subraya que en los municipios pequeños se valora más la gestión que las siglas.
Admite que la situación “non é favorable”, pero defiende que el impacto en lo local será limitado si se mantiene el contacto directo con los vecinos. “A xente sabe o que pasa, pero tamén valora o que fas cada día”, concluye.
Mientras en Madrid se discute en voz alta sobre adelantos electorales, crisis de Gobierno o mociones de confianza, en A Mariña los alcaldes socialistas optan mayoritariamente por la contención. Se impone el pragmatismo, el foco en la gestión local y, en algunos casos, la desconfianza hacia lo que muchos perciben como una estrategia de desgaste orquestada desde la derecha. Y aunque no niegan que el escándalo nacional pueda tener efectos colaterales, los alcaldes mariñanos están decididos a que sea su trabajo diario —y no el ruido mediático— lo que marque su destino político.
