“Los inquiocupas se amparan en la ley y nosotros quedamos desprotegidos”, afirma la vecina afectada por la ocupación de su vivienda en Burela
Una vecina de Burela, Luisa, ha hecho público el calvario que vive desde que la vivienda que alquiló de buena fe a una pareja quedó ocupada. La propietaria asegura sentirse desamparada y reclama más protección tanto para quienes cumplen la ley como para las familias que realmente necesitan un alquiler estable.
Luisa relata que la vivienda tenía un fuerte valor sentimental: “Mi marido se compró un piso cuando era joven, nacieron nuestros hijos allí. Nos mudamos y decidimos dejarla cerrada, no porque no necesitáramos el dinero, sino para evitar estas cosas que veíamos que estaban pasando. Además, en lo sentimental me daba un pellizquito en el corazón… mis hijos vivieron allí su infancia y estaba tal cual la dejamos”.
Finalmente, y ante la falta de viviendas en la comarca, decidieron anunciarla en alquiler: “La respuesta fue rapidísima y teníamos un montón de gente interesada. Vino una mujer con su supuesta pareja a la entrevista y, la vivienda era para ellos y para su hijo de 18 años. Nos contaron que eran autónomos y que querían la vivienda mientras se hacían una casa en la zona”.
El contrato se gestionó a través de su gestoría: “Hablamos de que para la entrega de llaves tenían que darnos un mes de fianza y el primer mes de alquiler, es decir, pagaron lo justo y necesario para que se les hiciera la entrega de las llaves. La fianza se entregó a Vivienda, como es habitual cuando se hacen las cosas legales”. Pero, pocos días después, comenzaron los problemas: “A los pocos días de estar instalados ya empiezan los portazos, la suciedad… Inicialmente ella me contestaba bien: ‘No te preocupes, eso no va a volver a pasar’”.
El primer impago llegó en octubre: “Quedamos en que hacían pagos automáticos el día 5, y en octubre ya no ingresaron nada. Me pongo en contacto con ella y ahí empiezan los problemas. Me dice que me paga dos meses juntos, pero yo le digo que si no puede pagar uno no va a poder pagar dos”.
La situación se agravó con mensajes contradictorios: “Me empieza a mandar audios: ‘¿Qué piensas, que te voy a pagar con los vecinos de mierda que tienes? Llama a la Guardia Civil’, y borra los mensajes. A las dos horas me habla como si no hubiera pasado nada”.
Luisa asegura que poco después descubrió que había menores en el piso y que la inquilina ya se negaba a abandonar la vivienda: “Le digo que si no puede pagar no pasa nada, que yo le doy el plazo que marca la ley, no le reclamo nada, se le devuelve la fianza y busca otra vivienda. Y ella me dice que de eso nada, que para irse me piden 5.000 euros y que en dos o tres semanas se marcharán”.
La propietaria afirma que: “Ella me insta a que consulte un abogado para que vea que la respalda la ley y que voy a pagar facturas”. Además, teme que haya muchas más personas dentro del inmueble: “Supuestamente tengo diez personas en el piso. Están esperando a que otras personas muerdan el anzuelo para instalarse en otra vivienda y eso, como ciudadana, quería evitarlo”.
La vecina alerta del daño que provoca esta situación: “Esto perjudica a los propietarios y también a las familias que realmente necesitan un piso de larga duración y que sí son buenas pagadoras. Pero por miedo, muchos ya no alquilan sus viviendas”. Sin embargo, en esta ocasión los inquilinos son una supuesta “banda que se dedica a esto. Ellos utilizan el contrato como respaldo legal porque les da derechos, y los que quedamos despojados de ellos somos los propietarios. Mi marido lleva toda la vida trabajando en el mar, nadie nos regaló nada. Incluso no pudo ver nacer a nuestro hijo”.
Mientras continúa a la espera de una solución, la propietaria insiste en que su situación no es un hecho aislado, sino un ejemplo de cómo determinados grupos aprovechan vacíos legales para asentarse en hogares ajenos, dejando a los dueños en una posición de absoluta vulnerabilidad.