OPP Burela destaca la unidad con Ministerio y Xunta en la defensa del sector pesquero ante la UE

Foto de archivo.
La organización valora el recurso presentado por el Gobierno español contra la sentencia europea que desestimó los argumentos sobre el impacto desproporcionado del reglamento que afecta a distintas artes de pesca

La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP Burela) ha agradecido al ministro Luis Planas que, en nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya decidido recurrir la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del 11 de junio, en la que se desestimaron los argumentos de los recursos presentados por España y la OPP Burela, con la Xunta de Galicia.

Dicha sentencia desestimó los argumentos presentados desde España, tanto por administración como por el sector, en relación con la desproporción provocada por el Reglamento de Ejecución 2022/1614, que aplica una única metodología para todas las artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real y diferenciado

Además, critican la falta de estudios de impacto socioeconómico sobre cada arte de pesca. Según subrayan, ambos argumentos ya habían sido advertidos por los principales organismos asesores de la Comisión Europea, como ICES y STECF, debido a la falta de datos y de estudios diferenciados por modalidad pesquera.

Con este nuevo recurso de casación presentado por el Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las partes implicadas —la Xunta de Galicia y la propia OPP Burela— podrán seguir participando en el procedimiento judicial hasta su resolución definitiva. Según la organización, «este recurso nos permite seguir defendiendo los argumentos que entendemos que el Tribunal General no ha interpretado adecuadamente».

Desde el puerto de Burela también se ha querido poner en valor el trabajo conjunto. «Destacamos la intensa colaboración de las tres partes —Ministerio, Xunta y OPP Burela— en la elaboración de los estudios y argumentos de defensa», señalan desde la entidad, que asume además «el compromiso de seguir trabajando en la mejora de una normativa que consideramos ha sido desproporcionada», afirman.