Villaverde muestra su preocupación por la última propuesta de TACs y cuotas pesqueras

Marta Villaverde, conselleira do Mar
La conselleira do Mar lamenta que el documento de compromiso parta del escenario más restrictivo del ICES y obvie el impacto socioeconómico en el sector gallego

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, expresó su preocupación por el desarrollo de las negociaciones de los TACs y cuotas pesqueras para el próximo año, en el segundo día de trabajos, al considerar que las propuestas actuales afectan especialmente a especies de gran relevancia para Galicia como la caballa, el lirio y el bacalao.

Villaverde apeló a la prudencia, pero también a la responsabilidad del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, encargado de defender los intereses de España en este marco negociador, para que haga valer la posición del sector pesquero y se pueda mejorar la última propuesta presentada.

En el caso del bacalao, la conselleira recordó que se logró reducir el recorte propuesto del 26 al 20 %, aunque señaló que «non é unha cantidade significativa, pois só representa unhas 100 toneladas». En cuanto al lirio, indicó que por el momento no han trascendido novedades relevantes.

Respecto a la caballa, Villaverde recordó que la propuesta inicial del ICES planteaba una reducción del 70 %, pasando de unas 575.000 toneladas a cerca de 175.000. En ausencia de un acuerdo, se plantea ahora un TAC provisional del 80 % del documento inicial para el primer semestre de 2026, lo que supondría alrededor de 140.000 toneladas, a la espera de que los Estados ribereños alcancen un acuerdo durante ese periodo y teniendo en cuenta los datos científicos disponibles para esta pesquería estacional.

La conselleira lamentó que, una vez más, las propuestas partan del valor mínimo de referencia de la evaluación biológica del ICES, sin considerar el impacto socioeconómico que estas decisiones tienen para el sector pesquero gallego. Según los informes trasladados tanto al ministro como al comisario europeo, este impacto podría alcanzar los 65 millones de euros.

«Preocúpannos estes datos e que a Comisión Europea peque, unha vez máis, dun enfoque e sesgo medioambientalista e biolóxico», concluyó Villaverde, subrayando que no se está teniendo en cuenta la vertiente socioeconómica en la toma de decisiones.