El Principado permite abatir «hasta seis lobos» en el Noroccidente y aumenta las indemnizaciones por daños de fauna salvaje

Apenas un mes después de la salida del lobo del listado de especial protección (Lespre), el Principado reanuda los controles a la especie y publica en el Boletín Oficial regional, de este lunes 28, el programa de actuaciones que estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2026. En él plantea la eliminación de 53 ejemplares «con el fin de hacer compatible la conservación de estos cánidos con la ganadería extensiva y facilitar así el desarrollo socioeconómico del medio rural», aseguran. En el Noroccidente, se podrán abatir hasta seis lobos, «por los elevados daños causados en el ganado: 748 reses afectadas en 2024». 

Precisamente, en la resolución del Bopa se recoge también el nuevo baremo que eleva las indemnizaciones por daños de la fauna salvaje. Unas apuestas políticas que «demuestran con hechos nuestro firme compromiso con el medio rural y, en concreto, con la ganadería. Estamos actuando con agilidad, sin perder un solo minuto», destaca el consejero, Marcelino Marcos. 

Con la reanudación del control del lobo, que otros expertos y colectivos critican como una caza encubierta de la especie, el Principado tiene dos objetivos prioritarios: «limitar los ataques al ganado –anualmente se tramitan más de 6.000 partes de daños- y rebajar la conflictividad social». Precisamente, en base a los daños registrados se establece la eliminación de un determinado número de lobos en cada área, por ejemplo en la Zona 2, «El Palo-Esva», se fija un máximo de seis animales por los numerosos perjuicios causados el año pasado en 768 cabezas de ganado.

El Noroccidente asturiano es la Zona 1, y la Zona 3, el Suroccidente, donde se podrán eliminar hasta cuatro ejemplares, «dado que los daños sobre el ganado fueron relativamente bajos en 2024 (84 cabezas), pero provocan conflictividad social», explican en la consejería. En la Zona 4, Centro-occidental, se permitirá la extracción de hasta seis cánidos, «dado que los ataques sobre la cabaña ganadera aumentaron hasta las 425 cabezas en 2024» y, en la Zona 5, la Central, son hasta ocho lobos los que se podrán matar por 473 reses afectadas el pasado año. 

El área Centro-oriental será la Zona 6, «donde los perjuicios al ganado se estabilizaron el año pasado, con 292 reses afectadas, y donde se permitirá extraer un máximo de ocho lobos», según detalla el Principado. En la Zona 7, la de los Picos de Europa (fuera del parque nacional), se podrán eliminar hasta cuatro ejemplares y, «en las áreas sin gestión específica, se autoriza la extracción de hasta once animales, con la posibilidad de aumentar este número si resulta necesario», especifica Marcos. 

 

Los períodos para efectuar los controles se fijan en dos franjas del año: de enero a abril y de septiembre a diciembre. No obstante, también serán posibles las extracciones puntuales entre mayo y agosto, por ejemplo, de animales que causen daños repetidos. Fuera de las zonas de gestión citadas, se podrán abatir ejemplares durante todo el año.

Respecto a los métodos de regulación previstos, se incluyen los aguardos o recechos, el apoyo en reservas regionales de caza –es decir, la extracción durante cacerías autorizadas de otras especies- «y las batidas cuando los métodos anteriores no resulten suficientes». Además, se podrá solicitar la colaboración de cazadores, cuando proceda. 

«Los últimos estudios sobre la población de lobos reflejan que Asturias cuenta con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras. La población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 animales. Desde 2001, año en el que se registraron 22 manadas, la población ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los perjuicios sobre la ganadería», explican en la consejería. Sobre los daños al ganado bovino, caprino, quino y ovino, también ofrecen cifras: en 2024 se confirmaron daños en 3.257, lo que supone un aumento del 19,70% en comparación con 2021. «Además, el coste de las indemnizaciones se incrementó un 96,16% en el mismo período, hasta alcanzar los 1.538.028 euros el año pasado», aseguran. 

Desde que el pasado 20 de marzo, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la exclusión del lobo del Lespre (una decisión que se materializó el 2 de abril, con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado), las reacciones han sido muy diferentes. La alegría general del sector ganadero contrasta con la decepción de otros expertos como los reunidos bajo el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Un colectivo que, en apenas cuatro días, ha recaudado más de 21.000 euros en la campaña de donaciones «para financiar actuaciones legales y jurídicas, combatir la desinformación y promover la educación ambiental y la mediación social». 

Aumento de los pagos por daños de fauna salvaje 

«La coexistencia entre la fauna silvestre y la ganadería extensiva es uno de los retos estratégicos para el desarrollo sostenible del medio rural. Por esta razón, el Gobierno de Asturias ha diseñado un baremo que actualiza las condiciones y procedimientos para valorar y cubrir los perjuicios e incluye más bonificaciones para las explotaciones agrícolas». Así explica Medio Rural las nuevas indemnizaciones, que se determinan en función del precio emergente y el lucro cesante.

En virtud de este último concepto, «se añade un 20% complementario al valor emergente. Un porcentaje que puede aumentar un 5% adicional, en el caso del ganado bovino y equino, si el animal lleva censado al menos dos años en la explotación y un 10% si supera los seis años». Además, se establecen bonificaciones específicas que aumentan las indemnizaciones, por ejemplo: un 20% adicional si los daños afectan a razas autóctonas de Asturias y un 10% si se trata de animales inscritos en un libro genealógico, protegidos por una marca de calidad (denominación de origen, indicación geográfica protegida o producción ecológica) o cubiertos por un seguro agrario.

Por otra parte, según la resolución del Bopa se mantiene el 20% extraordinario para daños causados por especies como el oso y el lobo, y se incorporan dos novedades: un 10% adicional para explotaciones que adopten medidas preventivas frente a la fauna silvestre y un 20% para aquellas que transformen las materias primas en productos derivados en la propia ganadería.