La dirección de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) ha expresado su sorpresa ante la "falta de fundamento legal" en el informe emitido por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, que deniega la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la calificación del suelo agrario a minero, imprescindible para el desarrollo del Proyecto Salave. EMC critica que la resolución, adoptada por mayoría en el pleno del 29 de noviembre, carezca de valoración socioeconómica, ambiental o legal que respalde la decisión.
El terreno en cuestión, situado detrás del polígono industrial del Cortaficio y rodeado por infraestructuras como una gasolinera, un karting y la autopista A-8, es "idóneo para albergar las instalaciones mineras". Además, indican que una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 reconoce la posibilidad de clasificar estos terrenos para uso minero, ya que las concesiones de EMC tienen más de 40 años de antigüedad y no fueron incluidas en el PGOU de 2016.
EMC subraya que la decisión del Ayuntamiento ignora el interés público de un proyecto valorado en 3.000 millones de euros, que generaría más de 1.000 empleos directos e indirectos en un municipio que ha perdido el 17% de su población en las últimas dos décadas y afronta un envejecimiento notable. A pesar de las necesidades del concejo y de las presiones de la UE para impulsar la minería sostenible en Europa, el Consistorio ha eludido incluso remitir la documentación necesaria para la evaluación ambiental al Principado, requisito fundamental para avanzar en la tramitación.
Asimismo, EMC lamenta la falta de diálogo por parte del actual alcalde, quien, "pese a comprometerse públicamente en campaña a facilitar el desarrollo del proyecto, ha evitado reunirse con la empresa y dar los pasos legales necesarios para su tramitación". Según afirman: "este comportamiento contrasta con sus declaraciones previas, en las que aseguró que su gestión buscaría apoyar iniciativas beneficiosas para Tapia".
La compañía también critica el cambio de postura del Partido Popular local, que inicialmente incluyó las concesiones mineras como uso autorizable en el PGOU, pero que ahora adopta una posición opuesta sin explicación aparente. EMC denuncia que estas actitudes, junto con la difusión de ideas tendenciosas, generan tensiones que obstaculizan el desarrollo económico y social del municipio.
Ante esta situación, EMC ha anunciado que considerará todas las opciones legales disponibles para defender un proyecto que, además de cumplir los estándares medioambientales exigidos por la UE, podría ser un motor para asentar población y dinamizar el concejo de Tapia de Casariego.