El Ayuntamiento de Tapia ha dado un revés definitivo al proyecto de explotación minera de Salave al rechazar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que proponía la recalificación de 61 hectáreas de terreno protegido. La decisión, adoptada por unanimidad en un pleno extraordinario, se basa en informes técnicos y jurídicos que concluyen que no existen razones para cambiar el planeamiento vigente.
El documento técnico del Consistorio subraya que no ha habido novedades físicas, jurídicas, urbanísticas ni medioambientales que justifiquen la modificación solicitada por Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC). Según el informe, la situación actual incluso refuerza las razones para mantener la protección de estos terrenos.
No es la primera vez que EMC se enfrenta al rechazo del Ayuntamiento. En 2023, bajo el gobierno de Ana Vigón, se inadmitió una solicitud similar. En el pleno, la portavoz socialista recordó las acusaciones recibidas entonces y reafirmó que las decisiones siempre han priorizado el interés general y la protección del territorio.
El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, defendió la tramitación de la solicitud presentada por EMC en noviembre de 2023, afirmando que el Ayuntamiento, a pesar de sus limitaciones, actúa siempre conforme a la legalidad. Ahora, la resolución será enviada a la Consejería de Transición Ecológica para su conocimiento.
La decisión del pleno refleja un posicionamiento claro del Ayuntamiento de Tapia en defensa de la normativa urbanística actual y la protección del entorno. Sin embargo, deja en el aire el futuro de un proyecto que continúa generando controversia y dividiendo opiniones en la comarca.
La respuesta de EMC
Horas después de la decisión, EMC emitió un comunicado expresando su asombro ante la negativa del Ayuntamiento a considerar una iniciativa industrial de este calado. La compañía destacó que las concesiones mineras de Salave, reconocidas de interés general por el Estado, son anteriores al PGOU y argumentó que el proyecto supondría la creación de 200 empleos directos y 800 indirectos, con un impacto económico de 3.000 millones de euros. EMC sostiene que el plan urbanístico abre la puerta a futuras modificaciones y acusa al Consistorio de ignorar el interés público y social del proyecto.