El Partido Popular ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que esclarezca si la factoría de Alcoa en San Ciprián será benificiaria de las ayudas por compensación de costes de emisiones indirectas de CO2, comprometidas por el ministro de Industria, Jordi Hereu, por un valor de 600 millones de euros en 2025. Los senadores populares José Manuel Balseiro, José Manuel Barreiro y Juan Serrano han formulado la pregunta en el Senado, buscando conocer la cuantía de la posible ayuda, y en caso de denegación, exigiendo al Gobierno que explique los motivos.
Balseiro ha denunciado además que Sánchez "acumula incumprimentos cos traballadores de Alcoa", señalando el bloqueo en la autorización de parques eólicos estatales, la insuficiencia del nuevo estatuto electrointensivo y la falta de periodicidad en la convocatoria de la mesa de seguimiento. El senador insistió que "non se trata de darlle a esta industria galega un trato privilexiado, senón que se faga un esforzo equivalente ao que fan outros países europeos en apoio á súa industria electrointensiva", y que el Gobierno debería cumplir sus compromisos.
Los populares subrayan que la normativa europea permite a España destinar hasta 900 millones de euros en este tipo de ayudas, cifra un 50% más grande que la comprometida por el Gobierno. Balseiro explicó que este mecanismo es "esencial para asegurar competitividade, a produción e o emprego nas electrointensivas", y reclamó que el Gobierno incremente la dotación hasta el máximo permitido por la normativa europea para que la industria electrointensiva española pueda competir en igualdad de condiciones.
Desde la perspectiva del PP y de Balseiro, "calquera axuda que chegue é moi positiva neste proceso de rearranque de cubas", pero expresan preocupación por la falta de financiación del horno de cocción y la ausencia de reuniones prioritarias en la mesa de seguimiento, mientras que la Xunta ha cumplido autorizando parques eólicos de su competencia y la ampliación de la balsa de lodos. Balseiro concluye reclamando un marco eléctrico estable y competitivo similar al que existe en otros países de la Unión Europea, advirtiendo que "España forma parte dos países que menos recursos destinan en favor das empresas que operan no seu territorio".
