Veinte familias con hijos e hijas matriculados en el IES Dionisio Gamallo de Ribadeo han solicitado por escrito la intervención de la Valedora do Pobo ante lo que consideran una situación de extrema gravedad. En el documento, afirman que desde el curso pasado se vienen produciendo «graves irregularidades no desempeño profesional dunha docente do centro» que estarían afectando «ao dereito á educación dos alumnos e á calidade do ensino impartido».
Las familias sostienen que durante el presente curso han denunciado los hechos en tres ocasiones de forma oficial, mediante escritos presentados los días 27 de febrero, 22 y 27 de mayo, dirigidos tanto a la Dirección del centro como a la Inspección Educativa. Además, explican que remitieron dos correos electrónicos, los días 2 y 6 de junio, sin que hasta la fecha se hayan adoptado «medidas efectivas para corrixir a situación».
Según señalan, las actuaciones de la docente incluyen expresiones despectivas hacia el alumnado y sus familias, una metodología centrada exclusivamente en la memorización de contenidos, falta de atención a la diversidad, explicaciones poco claras, desorganización en el material del aula virtual, errores ortográficos en los documentos, sobrecarga de trabajo fuera del horario lectivo, falta de coherencia en la programación didáctica, ausencia de plan de refuerzo para alumnado con la materia pendiente, uso del castellano en clase y en los materiales, impuntualidad reiterada, desajuste entre el esfuerzo del alumnado y las calificaciones, una tasa de suspensos superior al 80 % y el uso del teléfono móvil personal durante las clases. Todo ello, aseguran, está provocando «un prexuízo académico e emocional evidente» en el alumnado.
En su escrito, explican que el malestar generado no es puntual, sino continuo, y que está afectando al bienestar psicológico del alumnado, generando casos de «ansiedade, dificultade para conciliar o sono ou rexeitamento frontal á materia». Consideran que este contexto de presión, desorganización y trato inadecuado está generando «un ambiente de inseguridade e sobreesixencia» que afecta tanto al rendimiento como a la autoestima del alumnado e impide «aprender nun contexto seguro e motivador».
Las familias manifiestan que recurren a la Valedora do Pobo ante «a falta de resposta ou solución por parte das autoridades educativas competentes» y porque entienden que se están «vulnerando dereitos básicos dos nosos fillos e fillas». Por ello, solicitan «a súa intervención, a investigación dos feitos e a adopción das medidas que considere oportunas para garantir o dereito á educación en condicións de igualdade, respecto e calidade».
