La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ribadeo atraviesa un periodo de tensión interna que ha generado preocupación tanto entre el profesorado como entre las autoridades educativas. El conflicto se centra en las relaciones laborales entre la dirección del centro y una profesora, que derivó en una denuncia por presunto acoso laboral y una investigación judicial cuyo resultado fue el archivo provisional del caso.
La denuncia fue presentada por la directora de la EOI, quien afirmó haber sufrido comportamientos agresivos y hostiles por parte de una profesora tras reprenderla por conductas inapropiadas en el ámbito académico.
Durante la investigación, se recogieron testimonios de varios testigos, incluidos profesores, personal del centro y alumnado. Sin embargo, el juzgado concluyó que no existen indicios suficientes para acreditar un delito penal de acoso. Se determinó que, aunque el conflicto es grave, se trata de una disputa de naturaleza laboral y personal, sin conductas reiteradas o sistemáticas que encajen en el marco legal de acoso.
La profesora afectada ha denunciado un acoso laboral prolongado que, según su relato, afecta a varios docentes desde hace más de una década. Asegura que la dirección ejerce una presión constante que ha provocado bajas médicas por estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en el equipo. Señala también que existen testimonios que respaldan su versión y que indican un ambiente hostil dirigido hacia aquellos a quienes la dirección considera poco comprometidos. Según esta docente, la actual directora ha mantenido una actitud conflictiva con varios miembros del profesorado, generando un entorno laboral tóxico y perjudicial para la salud mental de muchos.
La directora ha evitado declaraciones públicas extensas, considerando que es un asunto interno que corresponde gestionar a la Inspección Educativa. Ha confirmado que existe un procedimiento abierto contra la profesora y que, aunque hubo denuncias previas, el juzgado decidió archivar el caso provisionalmente. Asimismo, sostiene que las acusaciones forman parte de una campaña de difamación sin pruebas sólidas y destaca el respaldo del claustro de profesores.
El juzgado determinó que no hay base penal para considerar delito de acoso y que el conflicto corresponde a la vía administrativa. No obstante, la profesora mantiene sus preocupaciones y reclama a la Inspección Educativa que intervenga para abordar lo que califica como un acoso persistente que afecta al ambiente educativo en la EOI de Ribadeo.
Ambas partes se acusan mutuamente de conductas inapropiadas y acoso, reflejando una situación compleja y deteriorada en la convivencia interna del centro.
