Este es el concejo del Occidente que más ayuda recibe del Principado para la prevención de incendios (el que menos está en la comarca del Eo)

Al otro lado del humo y el fuego, que evidencia muchas cosas, los incendios forestales que castigan Asturias y, en general, el territorio español, reabren el debate sobre la prevención y la gestión forestal. Y, es en ese contexto, en que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciaba, esta miércoles, que «el próximo presupuesto autonómico reforzará los fondos para prevención y gestión de incendios». 

Este año, «alcanza una cifra histórica de 95 millones como muestra del compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección del territorio y la seguridad de la población», destaca el presidente. Concretamente, entre 74 Ayuntamientos asturianos se reparten 18 millones de euros, en una línea (de las más importantes) para la mejora de infraestructuras y la prevención de incendios, en el periodo 2023-2026. 

En esa lista, de los concejos del Noroccidente, la primera posición es para Valdés. El municipio, uno de los más extensos de Asturias, recibe para ese periodo 527.786 euros. Tras él se sitúa Boal con 259.599 euros y, en tercera posición, se encuentra Illano, con 243.936 euros. 

Le sigue de cerca Grandas de Salime, con 243.620 euros. Y también en la comarca del Navia, Villayón, con 235.024 euros. En la zona del Eo, Taramundi recibe, hasta 2026, un total de 228.857 euros; Castropol, 228.717 euros y Vegadeo, 213.648 euros. 

Cudillero también recibe un montante similar, 214.069 euros, seguido de El Franco, con 184.432 euros; San Martín de Oscos, con 177.568 euros y Villanueva de Oscos, con 172.087 euros. El concejo coañés recibe también 162.659 euros; el de Pesoz, 158.493 euros, y Tapia de Casariego, 153.985 euros. 

Completan la lista del Noroccidente, Navia, con 148.259 euros de subvención; Santa Eulalia de Oscos, con 143.463 euros y San Tirso de Abres, que recibe 136.995 euros. 

Ya en el Suroccidente, Cangas del Narcea, el concejo más extenso de la región y uno de los más perjudicados por estos últimos incendios, llega al millón de euros de ayuda. Concretamente, 1.050.825 euros. Tras él, Tineo, recibe 650.711 euros; Ibias, 494.198 euros y Somiedo, 401.048 euros. El concejo salense, la puerta de Occidente, recibe también su parte: 359.728 euros; al igual que Belmonte de Miranda, con 322.843 euros y Degaña, que recibe 219.602 euros. 

«En estos dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial lo que destinamos a prevención, con un fondo específico para los ayuntamientos. Ya les avanzo que mi propósito es aumentar esa dotación para que los municipios puedan ejecutar más medidas defensivas», ha afirmado Barbón tras la reunión del comité de crisis encargado del seguimiento de los fuegos que aún siguen activos en la comunidad.

Con estos fondos que reciben los municipios, los diferentes Ayuntamientos «gestionan la biomasa vegetal con alto potencial combustible, especialmente en los terrenos forestales situados cerca de zonas pobladas, de tal forma que se asegure su retirada antes de la época de riesgo de incendios», explica el Principado. En el ámbito de las infraestructuras rurales, las entidades locales podrán ejecutar obras de construcción y mantenimiento de caminos de acceso a fincas, pastos y montes.

Por otro lado, las 39 parroquias rurales percibirán 1,3 millones en el período 2024-2026 también para prevenir incendios en sus montes y financiar actuaciones como la retirada de material combustible, la limpieza de caminos y la creación de franjas de protección entre el arbolado.

Los principios de la política forestal asturiana

Según explica el Principado, su inversión en el ámbito forestal gira en torno a tres principios fundamentales: custodia del territorio, gestión sostenible de los montes y adaptación al cambio climático, que son los pilares de la política forestal en Asturias. La comunidad cuenta con casi el 40% de su territorio protegido bajo alguna figura de conservación (parque nacional, reserva de la biosfera, Red Natura 2000, etcétera). Todas esas figuras conforman la Red Natural de Asturias (RENA), que se proyecta como el motor de la gestión forestal preventiva e integral. «Un modelo ejemplar de compatibilidad entre conservación, prevención de incendios y desarrollo rural sostenible», defiende el Ejecutivo autonómico. 

El Principado mantiene operativos los medios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales durante todo el año. En este ejercicio se destinan más de 31,5 millones a custodia del territorio y 48,45 a protección civil y seguridad pública. Estos fondos permitirán, entre otras actuaciones, incorporar 40 trabajadores más al Servicio de Emergencias (Sepa), que se suman a los 83 contratados en 2024, hasta superar las 600 personas en plantilla.

También, reforzar la vigilancia con cámaras de control, drones y planes municipales de defensa contra el fuego. Y «consolidar el trabajo de los 272 agentes medioambientales de RENA, con funciones de detección temprana, educación ambiental y enlace con las comunidades locales». 

El presupuesto autonómico vigente  recoge una partida de 15,1 millones, un 22% más que el año anterior, para las políticas de gestión forestal y la prevención. Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Medio Rural ha destinado más de 30 millones a ayudas e inversiones directas al sector forestal. Y, además, la reciente modificación de la Ley asturiana de Montes «refuerza la prevención mediante una regulación más estricta de las quemas agrícolas, una coordinación más eficaz entre administraciones y un endurecimiento del régimen sancionador», subraya el Principado. Las multas por incumplimiento oscilan entre mil euros y un millón, en función de la gravedad.

El Ejecutivo regional, entre las medidas relevantes para la gestión forestal destaca también: el incremento hasta los cinco millones de las ayudas para la repoblación de montes privados, especialmente los afectados por incendios; el apoyo a tratamientos silvícolas y reducción de biomasa, clave para disminuir el riesgo de fuego, y los proyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, dotados con cuatro millones para desbroces, creación de pastizales y actuaciones silvícolas.