De los fondos aprobados, 69,5 millones se destinan a pagos directos y otros 20,35 a apoyar el desarrollo rural
El Gobierno de Asturias ha autorizado 89,85 millones de euros para la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 2026-2027, fundamentales para mantener la actividad agrícola y ganadera en el Principado. La campaña cuenta con un presupuesto global de 95,3 millones.
Estas ayudas permiten asegurar ingresos mínimos frente a la volatilidad de precios, los costes de producción o las incidencias climáticas, fomentando el desarrollo económico del sector, el arraigo territorial y la lucha contra el despoblamiento rural. Además, los fondos promueven prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, en línea con las directrices europeas.
Líneas de financiación
-
Pagos directos: Con 69,5 millones, se incluyen ayudas básicas y complementarias a la renta, incentivos para jóvenes, regímenes especiales de clima y medio ambiente (ecorregímenes) y pagos asociados a vacuno de leche, nodrizas, ovino, caprino y cebo.
-
Desarrollo rural: Con 25,89 millones totales, se apoyan la producción ecológica, la conservación de recursos genéticos, la biodiversidad y la producción en áreas protegidas o zonas de montaña.
Las explotaciones podrán solicitar las ayudas a través del sistema de gestión (SGA) desde la publicación del extracto en el BOPA hasta el 30 de abril, con tramitación facilitada por entidades bancarias colaboradoras y jornadas formativas ya realizadas.
El Principado destinará 4,85 millones a modernizar los equipos de centros públicos de FP en siete familias profesionales, beneficiando a 52 ciclos formativos y cerca de 1.300 estudiantes. La financiación procede en un 70% del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027. Se prevé adquirir otros lotes de equipamiento por 4,4 millones adicionales cofinanciados por el mismo fondo.
El Gobierno ha creado el sello Centro Coeducador de Asturias, para reconocer colegios e institutos comprometidos con la coeducación, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Podrán optar centros públicos, privados y concertados de todas las etapas educativas. El reconocimiento incluye certificado, placa y uso del logotipo oficial durante cuatro años, con posibilidad de renovación.
