La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha rechazado de forma categórica las acusaciones de descontrol en la tramitación de subvenciones lanzadas este martes por el portavoz de Foro Asturias. Según el departamento autonómico, las afirmaciones del grupo político carecen de “seriedad y rigor” y solo buscan “protagonismo en los medios y crear confusión en la ciudadanía”.
En un comunicado emitido por la consejería, se subraya que el Ejecutivo autonómico actúa conforme a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y eficacia en el reparto de recursos públicos. Asimismo, aseguran que todas las ayudas gestionadas cumplen escrupulosamente con la normativa vigente, tanto europea, como estatal y autonómica, y que están alineadas con las previsiones de los organismos fiscalizadores.
“Todas las subvenciones que tramita la consejería respetan la normativa y cuentan con una revisión jurídica y técnica previa que garantiza su legalidad”, sostiene el Gobierno regional.
Las críticas de Foro Asturias hacen referencia a un expediente concreto relacionado con una subvención nominativa incluida en el capítulo IV de la Ley de Presupuestos del Principado para el ejercicio en cuestión. Desde la consejería, explican que este tipo de ayudas están sujetas a una revisión jurídica previa a la resolución de concesión, lo que permite solventar cualquier objeción planteada durante el procedimiento.
Además, insisten en que los requisitos exigidos para acceder a esta subvención son los previstos por el legislador y están regulados por el decreto autonómico que establece el régimen general de subvenciones.
El Ejecutivo considera “improcedente” extrapolar un caso puntual a toda la gestión de ayudas públicas y desliza una posible intención de desprestigiar a entidades colaboradoras.
“Igual lo que pretende es desprestigiar la labor que viene realizando una asociación, actuando de correveidile de terceros”, ha afirmado un portavoz de la consejería.
La Consejería de Medio Rural también ha recordado que colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se les requiere en el marco de investigaciones sobre subvenciones, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad institucional.
