La compañía suma capital asturiano y piensa en reformular la solicitud para que se incremente la valoración del proyecto
La multinacional canadiense Black Dragon Gold ha comunicado, este miércoles, que desiste de la solicitud formulada para que el proyecto de explotación minera del yacimiento aurífero de Salave (en Tapia de Casariego) sea declarado de Interés Estratégico Regional (PIER). Asegura que la decisión de recular “obedece a cambios estructurales y de financiación en la compañía, tras la entrada en el accionariado de capital asturiano, por lo que se considera necesario la reformulación de la solicitud presentada, para adaptarla a las nuevas circunstancias organizativas y estratégicas”. Esas nuevas circunstancias esperan que sirvan para introducir mejoras en el proyecto “que puedan incrementar la valoración, por parte del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de los criterios cuantitativos y cualitativos del proyecto recogidos en la Ley”.
Según lo publicado, para ser considerado PIER, las actividades empresariales deben crear cien empleos directos de carácter indefinido a jornada completa en el plazo máximo de tres años o ejecutar inversiones directas por valor de 30 millones de euros en dos años o mantener 200 empleos directos y de carácter indefinido a jornada completa durante de tres años. La norma explica también que, cuando el proyecto se ejecute en algún concejo calificado como en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento, los umbrales de estos criterios se reducirán a la mitad.
El pasado julio, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) sacaba a información pública el proyecto de la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, en el marco de su tramitación como posible proyecto de interés estratégico regional (PIER). Y es que, de acuerdo a la Ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (aprobada el pasado mes de diciembre), cuando el proyecto presentado para la declaración de PIER fuera disconforme con la ordenación territorial o urbanística en vigor el proyecto ha de someterse a información pública por un plazo de veinte días.
Ese es precisamente el caso de la explotación del oro del pueblo de Salave. El Pleno del Ayuntamiento de Tapia de Casariego (presidido por el alcalde popular, Pedro Fernández) rechazó por unanimidad, el pasado noviembre, la propuesta de la minera para recalificar 61 hectáreas de terreno no urbanizable de Interés Agropecuario (así están catalogadas 21 de esas 61 hectáreas) y de interés forestal (las 40 hectáreas restantes) en la parroquia de Salave. La decisión aseguraron tomarla en base a informes técnicos, en los que también se basó para rechazar igualmente dicha modificación del PGOU la entonces alcaldesa socialista Ana Vigón.
Parece existir pues consenso entre las fuerzas políticas del consistorio, en lo que al respeto de la legalidad se refiere y a un Plan General donde, según señalan, no tiene cabida la industria extractiva aurífera que propone la canadiense Black Dragon Gold. Entre los documentos publicados por Sekuens se resume los planes de la minera como, textualmente, “el acceso al subsuelo a través de una galería subterránea que se inicia en las proximidades del polígono de Cortaficio, transcurre descendiendo en dirección norte, hasta alcanzar unos 100 metros de profundidad desde donde se distribuyen diferentes galerías para llegar a las zonas donde se localizan las acumulaciones significativas de mineral-sulfuro”.
“Todas estas galerías, así como la extracción de los sulfuros mezclados con diferentes proporciones de granito se ejecutan mediante perforación y voladuras controladas y siempre en el ámbito subterráneo y sin que dichas voladuras supongan transferencia o repercusión alguna en el exterior”, aseguran. En el exterior -reconoce la filial Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC)- sí “se acumulan los sulfuros en pilas más o menos homogéneas para ser procesadas”, adjuntando un mapa de ubicación de las diferentes escombreras.
Con una serie de afecciones, por ejemplo, al Patrimonio, reconocidas en el documento elaborado por la empresa; hay quién sí confía en la «garantía de reversibilidad al término de la actividad». Es el caso del sindicato SOMA-FITAG-UGT, que se ha pronunciado al respecto. Con la fe de poder negociar algún puesto de trabajo para la zona, también la asociación Idoa (por la industrialización del Occidente asturiano) defiende la mina de oro en las inmediaciones de la aldea de Salave.
En contra, hasta el momento, se han pronunciado más de medio centenar de asociaciones y entidades del territorio local, regional y nacional, entre otras la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Federación asturiana de Cofradías de Pescadores, unas 28 ganaderías de la zona, la Federación Española de Surf o la Sociedad Española de Ornitología.
