La plataforma Oro No, codemandada, “celebra” la sentencia que desestima el recurso de Exploraciones Mineras del Cantábrico
La plataforma ciudadana Oro No, principal canalizadora del rechazo a una mina de oro proyectada en Salave, “celebra” las últimas noticias que llegan de los tribunales. Concretamente, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) “que desestima íntegramente el recurso de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) contra la decisión municipal de no tramitar la recalificación de los terrenos”, explica el colectivo.
“El fallo confirma que la actividad minera es incompatible con los valores ambientales y paisajísticos protegidos por el Plan General (PGOU)”, añade Oro No, codemandada en el proceso. Tal y como confirma también la Alcaldía, la sentencia del TSJA, de 19 de marzo, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa minera EMC contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de noviembre de 2024. Una resolución que denegaba la aprobación inicial de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que la empresa pretendía recalificar los suelos de especial protección como Suelo de Interés Minero.
“La justicia reconoce que el Ayuntamiento tiene la potestad discrecional de proteger su territorio frente a proyectos extractivos inviables. Celebramos la sentencia del TSJA que supone un nuevo varapalo judicial a las pretensiones de EMC de abrir una mina de oro en Salave”, cuentan en Oro No.
Añaden que “el TSJA es tajante al señalar que el Ayuntamiento no tiene la obligación ineludible de modificar su Plan General solo porque una empresa privada lo solicite y que la potestad de planeamiento es una facultad discrecional de la Administración para velar por el interés general”. La plataforma señala también que “el TSJA reconoce que el Ayuntamiento de Tapia actuó conforme a derecho al negarse siquiera a iniciar un trámite para un proyecto que carece de encaje legal y ambiental”.
En un comunicado, donde vuelven a reiterar su rechazo a la explotación aurífera en el Noroccidente, Oro No subraya también la alusión del Tribunal a la postura del Principado, que dió por terminado el procedimiento de impacto ambiental en febrero de 2025. “Frente a las voces que responden a dictados e intereses particulares, la justicia ha sido clara: una empresa privada no puede imponer su voluntad sobre la planificación de un pueblo ni sobre el interés general”, asegura el colectivo.
